Termina el 2018, un año donde la macroeconomía se ocupó de agregar limitaciones a un escenario de por sí contenido. Termina así un año gris.

Arrancó con la presentación del proyecto de la conocida como Ley Corta que también fue corta en cuanto a la duración de las expectativas que despertó. Abordando, entre otros, dos temas relevantes para la industria convergente: la posibilidad de abrir el mercado de la TV satelital y definir el destino del espectro hoy en manos de Arsat. Y ambos harían que su tránsito por el Congreso no fuera un camino de rosas.

Resultaba claro que la apertura para el ingreso de nuevos operadores de TV satelital tendría la oposición inmediata de toda la industria de la TV por cable, de operadores de todos los tamaños, muchas veces vinculados al poder político y territorial en sus áreas de servicio. Su voz se haría sentir a través de los legisladores. Así, con retrasos que se combinan con indicadores concretos del retiro de la DTH, si algún día se diera esta apertura, probablemente falten interesados.

En cuanto al espectro en manos de Arsat, nada menos que 90 MHz aptos para servicios 2, 3 y 4G en todo el país, sobran los intereses e interesados. Los operadores actuales, porque podrían agregar y poner en uso ese espectro rápidamente al contar ya con redes trabajando en las mismas frecuencias. Los operadores convergentes (sin redes móviles), porque sería una forma, compleja y onerosa, de ingresar al negocio, pero también fácil y económica de impulsar el valor de sus activos. El Estado, porque ingresa fondos frescos en momentos de restricciones por un activo al que no puede poner en uso ni rentabilizar. Todos pueden potencialmente ganar. El tema es cuánto cada uno.

Hacia mitad de año se confirmó la fusión entre Telecom y Cablevisión al completarse la tercera y última instancia de aprobación por la CNDC (Comisión Nacional de Defensa de la Competencia), luego de haber resultado aprobada por la CNV (Comisión Nacional de Valores) y el ENACOM (Ente Nacional de las Comunicaciones). La sensación general fue de “gusto a poco” en cuanto a las medidas acordadas para acotar la posición dominante de la nueva empresa, particularmente en algunas áreas geográficas determinadas. Pero tampoco fue sorpresa.

Para ese entonces ya la macro se comenzaba a resentir, luego de un proceso devaluatorio que se inició en el 2º trimestre y se haría evidente hacia mediados de año. Y su impacto directo e indirecto signaría el resto del mismo (así como también probablemente el inicio del próximo). La disparada de precios en pesos y la pérdida de capacidad adquisitiva de los salarios combinadas con una fuerte restricción monetaria y la consecuente suba de la tasa de interés llevaron a una recesión que se sintió en todos los ámbitos. Los operadores de todo tamaño, con costos de tecnología en dólares y precios en pesos (al igual que los salarios) comenzaron a revisar sus proyectos de inversión y en varios casos los plazos comenzaron a estirarse.

Para los fabricantes de celulares el año será el peor en volumen desde el 2004, 14 años atrás y en los que la base de usuarios era significativamente menor. Serán un 8,5 M de despachos para este año, contra 7,4 en aquella ocasión. Claro que ahora hay unos 44 M de líneas en uso (luego de la limpieza de líneas no registradas) contra 13,5 M de aquél entonces. También el contrabando se vio alcanzado por la macro y se estima que caerá en 2018 casi un 50% respecto del año anterior, para ubicarse por debajo del 1,4 M de unidades. Las condiciones del mercado y las reacciones de cada uno de los actores determinaron que éste haya quedado concentrado en Samsung y Motorola, que entre ambos se quedaron con las tres cuartas partes del mercado. LG y Huawei entraron en procesos de reorganización interna luego de alcanzar valores de participación muy por debajo de lo que tuvieron (LG) o de lo esperado (Huawei).

El escenario macro impactó mucho en la producción local de Tierra del Fuego, que venía haciendo esfuerzos para bajar sus costos pero que se vieron diluidos por la brusca devaluación. Así, reflotaron las discusiones sobre qué hacer con el régimen promocional de la isla. Por lo pronto, funcionando gracias a las asimetrías fiscales, ni siquiera puede convertirse en una actividad que no dependa exclusivamente del mercado interno. No habrá soluciones definitivas para la isla mientras dependa del fisco y del mercado interno. Con una promoción que está prevista hasta 2023, en caso de querer extenderla es hora de pensar en un esquema que aproveche alguna ventaja natural de la isla y que no dependa del mercado interno. Lo que hoy hay nunca va a dar lugar a una industria saludable, emancipada del favor fiscal.

Con la autorización para que a partir del 1º de enero de 2018 las telcos ofrezcan servicios de TV, muchos se imaginaron que de un día para el otro dispondrían de una mayor oferta de proveedores. La realidad fue distinta. Las nuevas ofertas se limitaron a la cobertura geográfica de redes aptas, que en el caso de las telcos implica tener fibra prácticamente hasta el hogar. Movistar se movió agresivamente en el despliegue, pero así y todo no lanzó su servicio de TV hasta entrada la segunda mitad del año. Claro avanzó más cautelosamente, haciendo su oferta de TV a un subgrupo de sus abonados de fibra. Y si hubo esperanzas del lanzamiento de versiones OTT de servicios de TV, éstas quedaron insatisfechas por cuestiones comerciales y de cesión de derechos. Pero como sí puede accederse a estos contenidos en los celulares de los abonados al servicio de TV tradicional, pudo verse el crecimiento de uso de apps para tal fin, como Flow, Direct TV Play, entre otras, así como las propias de algunas señales, donde Fox capitalizó muy bien los contenidos deportivos. Por supuesto, esto trae desafíos no sólo técnicos sino también regulatorios, poniendo sobre la mesa el debate que el regulador no quiere dar: definir los alcances de la neutralidad de la red.

En definitiva, se despide un año que prometió más de lo que finalmente entregó.

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A nivel local, el que viene no se anuncia como un año sustancialmente mejor al que termina. Al menos no en los primeros meses. Si bien hay esperanzas de lograr que la inflación siga bajando, este proceso seguirá teniendo su correlato en una economía en recesión. Y seguramente la tentación de lograr un poco de atraso en el valor del dólar estará presente en un año electoral. De hecho, el presupuesto nacional prevé que la moneda se mueva en torno de los $40 en el promedio anual, un valor no muy superior al actual pero que la inflación prevista se ocuparía de limar. Esto quizás permitiría una modesta recuperación entrando el año electoral. Habrá que ver con qué margen se cuenta.

En cuanto a la ley corta, si no salió en el 2018, será difícil que lo haga en 2019, un año que tiene un calendario electoral extenso. Será por eso que se especula (como sucede todos los veranos desde el inicio de la actual gestión) con que se intente aprobar alguna de las medidas a través de un DNU que tendría su foco no en el espinoso tema de la TV sino en el destino del espectro de Arsat. Por supuesto, no habrá Ley Convergente, cuyo borrador está listo hace meses. Pero también está cajoneado sin estar muy claro por qué. No obstante, si el escenario no es propicio para un ley corta, menos lo será para una mucho más abarcativa y que sumará nuevos intereses afectados.

A pesar del contexto, seguramente seguirá el despliegue de redes de fibra óptica así como la actualización de las de cable. No obstante, esto no ayudará en mucho al objetivo del gobierno de alcanzar los 10 M de accesos de banda ancha para el 2020. Los accesos que sumen las redes NGN irán a reemplazar tecnologías obsoletas más que a sumar nuevos conectados. Y si bien el gobierno, a través de Arsat con la conectividad mayorista y los fondos del Servicio Universal a nivel minorista, ayude en aumentar la penetración de la conectividad, el objetivo parece de difícil alcance.

Así las cosas, cuando sea la hora del balance del año que está por iniciarse, quizás haya muchas cosas en el debe para una administración que prometió mucho, generó expectativas, pero que terminará con un escenario mejorado respecto al inicial, aunque sin saber cuánto será por mérito propio y cuánto por la simple dinámica de la industria a pesar de los marcos adversos. Independientemente de esto, habrá que estar preparado para otro año gris.

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Cuando hacia fines del año pasado el gobierno tomó algunas medidas que favorecían a la importación de celulares (entre otros productos), se esperaba que la oferta de éstos comenzara a crecer. Más precisamente, la eliminación de las licencias no automáticas a su importación y la rebaja de los impuestos internos a los teléfonos celulares daría un impulso a la importación, con los cambios que traería aparejados para este negocio y también para los consumidores.

Con este escenario, efectivamente las importaciones de celulares comenzaron a crecer. De hecho, durante los tres primeros trimestres del 2018 alcanzaron el 6% del total de equipos ingresados al país (considerando también a aquellos provenientes de Tierra del Fuego), frente a un 2% del 2017 y prácticamente un 0% del 2016. De todos modos, la relación nacionales-importados es la inversa de la que había en 2009, año en que se aprobó la ley 253/09, conocida entonces como el “impuestazo tecnológico”.

Resulta interesante observar que esta mayor apertura a las importaciones impactó principalmente en los equipos de gama baja, aquellos con un valor FOB inferior a los US$ 100, que representan en lo que va del 2018 un 73% de los equipos importados. Esto es así porque el esquema impositivo que favorece a la producción en Tierra del Fuego no ofrece beneficios relevantes cuando se trata de equipos de bajo costo. Razón por la cual durante los últimos años sólo se producían localmente smartphones, en su mayoría 4G. En este nuevo escenario, las importaciones de celulares 2 y 3G representaron el 57% del total de equipos ingresados desde otros países.

El retorno de la gama más baja es una buena noticia. No sólo porque permite el acceso a equipos de menor costo, sino también y principalmente porque existe un segmento de mercado, compuesto en su mayoría por adultos mayores, que no se siente a gusto con un smartphone. Lo único que quiere es un equipo tradicional, un teléfono, que le permita realizar y recibir llamados y para quienes un smartphone trae aparejado una complejidad en su manejo que no se condice con las necesidades básicas de comunicación que tienen.

Como dato de color, dentro de los equipos importados de gama alta, prácticamente todos fueron iPhone, ya que Apple nunca aceptó acogerse al régimen de promoción de Tierra del Fuego.

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Durante el GSMA Mobile 360 Series Latin America el tema espectro fue recurrente, tanto en las charlas on stage como fuera de éste, y dejaron traslucir que más allá de que nadie le dice que no a un aumento del espectro disponible, detrás de eso hay diversas posturas e intereses.

En una de las charlas, el CEO local de Claro reclamó que haya mayor cantidad de espectro disponible. Su pedido se basó en que el creciente consumo de video sobre las redes móviles (que no sólo es YouTube y Netflix, sino también Whatsapp, Facebook, Instagram, Twitter y otros) va camino a agotar la capacidad disponible actualmente. Y nadie quiere volver al escenario del 2013/2015 donde la falta de espectro impactó muy negativamente en la calidad del servicio. Por su parte, el CEO de Telecom reclamó una baja en el costo del espectro (el cual es superior en Latinoamérica que en economías más desarrolladas) y pidió que haya un nuevo cap o límite de espectro disponible para cada operador. El tema es si el gobierno aceptará modificar caps antes de que Telecom haya devuelto lo que le exige Enacom (y reforzó la CNDC) como parte de la aprobación de la fusión entre Cablevisión y Telecom.

Fuera del escenario, en charlas con cooperativas y PyMEs de telecomunicaciones resultó interesante ver que, luego de hacer números y más aún luego de la devaluación de este año, la idea de contar con espectro propio ya no resulta tan interesante para éstas. Y por supuesto, todo plan de dar servicios móviles, aún como OMV, se estiró en los tiempos. No obstante, algunos seguirán reclamando por espectro, quizás como una forma de aumentar el valor de sus activos en vistas de una posible consolidación de la oferta, siguiendo las tendencias mundiales.

En materia de espectro, el tema Arsat no podía quedar al margen. Incluido en la ley corta cuyo tratamiento quedó para las sesiones ordinarias del 2019 (año electoral, no olvidarlo), durante charlas con los periodistas fuera del escenario, el Vicejefe de Gabinete (que tiene estos temas bajo su órbita) cometió quizás un sincericidio al afirmar que parte de la motivación para poner en juego ese espectro es fiscal. Algo similar a lo ocurrido cuando se licitó 4G cuyo anuncio fue realizado en su momento por el Min de Economía y no el de Planificación de quién dependía el sector. Por lo pronto ese espectro está allí, en desuso y muerto de risa.

Más allá de los enfoques y motivaciones de cada uno de los actores intervinientes en el tema espectro, lo real que el tema espectro seguirá dando que hablar en los próximos meses.

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Esta semana la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) anunció el acuerdo por el cual Uber se transformará en el nuevo “sponsor digital” tanto de la AFA como de la Selección argentina. A través de éste, Uber desarrollará acciones a nivel mundial en las redes sociales y web de la AFA en distintos idiomas,  mientras que, en el mundo offline, exhibirá su logo en la indumentaria del conjunto nacional de fútbol (no en las camisetas oficiales utilizadas para jugar).

Bajo la excusa del partido de la Selección nacional ante su par de México en Mendoza, el anuncio se realizó en aquella provincia. La elección no fue ingenua, ya que allí Uber opera sin problemas luego de que recientemente la legislatura aprobara una ley de movilidad, que contempla el modelo popularizado por la app. También otros distritos, como es el caso de Rosario, Posadas y la provincia de Buenos Aires están trabajando en marcos regulatorios que contemplen esta operatoria. Además, Uber tiene fuerte presencia en el Gran Buenos Aires (fuera de los límites de CABA), donde según la empresa se realizan el 70% de los viajes del AMBA. Son casos muy distintos al de la Ciudad de Buenos Aires, cuya Legislatura aprobó este mes lo que se denomina informalmente “Ley anti Uber”, norma que contempla sanciones más duras a los choferes.

La combinación de lo que sucedió en Mendoza, que otras localidades avancen en la misma dirección, el pronto lanzamiento de Uber Eats y ahora este acuerdo dejan expuesto al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires cuya postura rígida no es la aconsejable ante los cambios de paradigmas. La ocasión debería servir para que el GCBA revisara su estrategia respecto de los nuevos modelos de la economía digital, un tema que va mucho más allá del caso Uber específicamente. ¿Cuál será la estrategia? ¿Resistir la ola parándosele de frente para ser arrastrado a los tumbos hacia la costa o intentar acompañarla, barrenarla, adaptando la regulación contemplando tanto a los entrantes como a los actores preexistentes? Eso se parece más a hacer política y gobernar, aunque el camino elegido haya sido el opuesto.

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Esta semana se esperaba que hubiera dictamen en Diputados para el posterior tratamiento en el recinto de la llamada “Ley de Fomento de Despliegue de Infraestructura y Competencia TICs”, más conocida como ley corta. Pero nada de eso sucedió. Según lo publicado por LPO, fueron algunos gobernadores quienes frenaron el proyecto de ley que presentara el Poder Ejecutivo en abril de este año.

El proyecto de ley tiene tres grandes ejes: la compartición de infraestructura, la habilitación de la TV satelital o DTH como servicio TIC y la puesta en juego del espectro asignado oportunamente a Arsat, hoy en desuso.

El proyecto de ley ya había sufrido modificaciones en su paso por el Senado. Una fue la postergación por un año y medio, hasta el 01/07/2020, del inicio de la oferta de DTH en los tres principales centros urbanos (AMBA, Córdoba y Rosario). Las localidades más pequeñas (y por las que mayores reclamos hubo por parte de los pequeños operadores) fueron llevadas hasta 100 mil habitantes y no 80 mil como fuera establecido originalmente. En estas localidades se pospuso el inicio de competencia para el 01/01/2022, agregando tres años a la fecha original. Más allá de este corrimiento de fechas, sin ley no habrá oferta de DTH por parte de los operadores TIC por tiempo indefinido. Los cableros y DirecTV respiran aliviados.

Por otra parte, el proyecto original proponía permitir al Estado disponer de las frecuencias actualmente en manos de Arsat. Se trata de 90 MHz repartidos entre las bandas de 1900 MHz (para 2 y 3G) y las de 700 y AWS para 4G. Como las mismas actualmente no cuentan con infraestructura física, están sin uso, verificándose el caso del perro del hortelano, que no come ni deja comer. El Senado estableció que un mínimo del 30% de este espectro fuera otorgado a operadores locales o regionales. Según lo informado por LPO, algunos legisladores exigieron ceder las frecuencias de Arsat a las provincias para armar sus propias redes de seguridad pública y defensa civil.

A pesar de esto último, los antecedentes indican que el verdadero punto álgido de la ley es la DTH, donde los proveedores de TV paga, que se verían afectados por una mayor competencia, tienen vinculaciones (con distintos grados de estrechez) con el poder político. Y en la medida en que pasa el tiempo, menor será el interés de los operadores TIC en subirse a una tecnología que no será capaz de satisfacer todas las demandas de los clientes en materia audiovisual. Un problema que el actual gobierno apuntaló a través de la prohibición que ratificó en el decreto 267/2015 (art. 7) y que ahora trata, evidentemente sin éxito, de remediar.

Así, el statu quo proporcionado por la falta de una nueva ley favorece a los proveedores de TV paga, posterga los planes de operadores TIC para dar servicios móviles con infraestructura propia y perjudica a la población que ve alejarse la posibilidad de una mayor competencia en estos servicios. Pero acá la discusión es a qué sector de la oferta se beneficia o perjudica. Los usuarios/clientes/audiencia no forman parte del debate.

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La semana pasada, el Enacom publicó la resolución 506 que establece que los operadores de comunicaciones móviles no deberán bloquear la funcionalidad del sintonía de radio FM de los terminales que la posean y sean comercializados a través de éstos o sus canales. Argentina no es el primer país en instrumentar esta medida. Ya lo hizo recientemente EE.UU., aunque los hechos demuestran que no alcanza únicamente con la voluntad para alcanzar los objetivos buscados.

Los objetivos mencionados en la norma son tres. Uno es permitir recibir alertas en caso de emergencia, posibilitando el uso de una red de comunicaciones alternativa a la del servicio móvil y que además cuenta con un alcance sensiblemente mayor. Otra es propiciar la convergencia, ya no de servicios, sino también de dispositivos, permitiendo el acceso de distintos servicios de comunicaciones a través de un único equipo. Finalmente, permitir escuchar FM en forma gratuita (sin consumir datos), reduciendo la brecha de acceso a la información.

Cuenta la leyenda (porque nadie lo afirmará oficialmente), que así como años atrás prácticamente todos los celulares incluían la capacidad de sintonizar radio FM en sus chipsets, ésta fue deshabilitada a pedido de fabricantes y operadores. El principal sospechoso fue Apple, quien habría comenzado a bloquear esta funcionalidad de los chipsets que adquiría de terceros para fomentar el uso y consumo de su servicio de música. Pero también se decía que era un pedido de los operadores para incentivar el consumo de datos vía streaming.

Más allá de las causas del bloqueo, la cosa no es tan sencilla y automática. Además de tener la funcionalidad habilitada a nivel chipset, para sintonizar FM los celulares necesitan una antena adicional. Este rol lo cumplen los auriculares que se conectan al tradicional puerto de audio, cuyo cable funciona como antena. Por lo tanto, no sólo es necesario contar con un auricular por cable, sino que mínimamente habrá que tenerlo encima en casos de emergencia. La cosa se comienza a complicar a partir del momento en que empiezan a ganar popularidad los auriculares inalámbricos, que no proveen el cable/antena.

Por otra parte, la resolución sólo menciona a los equipos provistos por los operadores, dejando fuera de la obligación a los vendidos por fuera sus canales, que en 2017 representaron el 45% del total de las ventas del mercado “en blanco”. A eso hay que sumarle el mercado informal, compuesto por el contrabando y los equipos comprados por viajeros en el exterior. Adicionalmente, hay que considerar los casos de los equipos que no incluyen esta funcionalidad, como es el caso de los iPhone.

Actualmente, alrededor del 40% de los equipos en uso en Argentina poseen la funcionalidad de sintonizar radio FM, y considerando la necesidad de contar con un auricular con cable para que esta característica funcione, las cifras no permiten pensar que sea una medida de alto impacto para las emergencias. Y en cuanto al viejo y tradicional hábito de escuchar radio, con la disponibilidad de apps que permiten el uso offline, desde Spotify hasta los podcasts, no parece que la medida vaya a cambiar la suerte de las radios FM, que en su inmensa mayoría ofrecen la posibilidad de acceder vía streaming. Que ayuda, sí. Pero las expectativas deberían ser moderadas.

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La semana pasada, el gobierno anunció que el 18 de octubre (ayer) vencía el plazo para registrar las líneas prepagas que aún no  estuvieran nominadas o asociadas a una persona física. Llegada la fecha, el Enacom anunció que extendió el plazo hasta el 31 de octubre debido, según el ente, a la gran cantidad de registros que se produjeron en la última semana.

Según las cifras que surgen de los balances de los tres operadores móviles (Claro, Personal y Movistar), la cantidad total de líneas prepagas es de aproximadamente 44 M. De éstas, según el Enacom, unos 17 M no estaban registradas al momento del anuncio.

Por supuesto, una semana de tiempo es muy poco para registrar 17,4 M de líneas prepagas. De hecho, alrededor de 1,4 M (200 mil por día) de líneas se pusieron en regla en la última semana. A este ritmo, y teniendo en cuenta que la mayoría de las líneas prepagas consideradas seguirán en este estado, se puede estimar que para cuando termine este transición, se habrá llegado a aproximadamente el doble de esa cifra en nuevas líneas registradas.

De este modo, cuando se hayan registrado todas las líneas en condiciones de estarlo, el mercado argentino habrá pasado de unas 61 M de líneas totales a alrededor de 46 M. Una cifra mucho más razonable que la anterior.

Si la campaña para registrar los prepagos fue acertada o no en cuanto a su intensidad en los últimos dos años, se lo puede ver desde perspectivas diferentes. Lo ¿ideal? hubiera sido una campaña de difusión larga, continua y sostenida para no llegar a una fecha límite con muchas líneas sin registrar. Pero también hay que tener en cuenta la naturaleza humana (que en el caso de los argentinos es bastante natural) de dejar las cosas para último momento. Así, quizás sea más efectiva y barata una campaña corta pero intensa, con la “amenaza” de bloquear la línea en una semana, aun sabiendo desde el principio que la fecha inicial establecida no iba a ser la definitiva sino que habría que recurrir a al menos una postergación del plazo.

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A casi 3 años de la actual gestión, los resultados que puede exhibir en materia de telecomunicaciones no están a la altura de lo que se esperaba inicialmente. Hubo sí un emprolijamiento y ordenamiento de muchos aspectos que hacen al sector TIC, pero la convergencia anunciada con el primer DNU todavía no está, la prometida ley de Telecomunicaciones es una abstracción y el sector fue perdiendo peso dentro de la estructura gubernamental, naciendo como Ministerio, luego Secretaría de otro Ministerio para pasar a depender ahora del vicejefe de Gabinete. Todo un símbolo de degradación en la prioridad asignada originalmente.

Ahora, a un año de las elecciones presidenciales, y en un contexto recesivo y post devaluación, el gobierno nacional relanzó su Plan de Conectividad. Se trata de una serie de medidas que apuntan a revitalizar al sector y a su gestión. El plan se puede resumir en cuatro puntos: La disponibilidad de $ 2.300 millones en subsidios a la infraestructura, llegar a fin del año próximo con un 90% de la población con cobertura 4G, alcanzar un promedio de ancho de banda para el acceso a Internet fijo de 20 Mbps y sumar 2 millones de nuevos hogares a la banda ancha fija.

Empezando de atrás para adelante, los dos últimos puntos ya se mencionaron en el contexto de los deberes que Argentina debe realizar para ingresar a la OCDE. Alcanzar los 20 Mbps promedio no será fácil. Hoy apenas algunos ISP con tecnología de cablemódem lo logran, así como los que cuentan con fibra óptica. En la actualidad, según datos del Enacom, los accesos de cablemódem y de fibra representan aproximadamente el 53% del total (y con algunos de éstos por debajo de esa capacidad), lo que da la pauta de la mejora sustancial que deberán alcanzar para lograr el objetivo propuesto en prácticamente un año.

Por otra parte, con 8 millones de accesos de banda ancha, de los cuales unos 7 millones están en hogares, crecer en 2 millones no es un objetivo menor. Implicaría hacerlo en un 29% en un año. Meta ambiciosa si la hay.

Uno de los mecanismos para lograr estos objetivos es el lanzamiento de líneas de financiación por $ 2.400 millones. Habrá distintos tipos de fondos. Por un lado, el Enacom pondrá a disposición $ 900 millones provenientes del Fondo del Servicio Universal bajo la modalidad no reembolsable. El resto vendrá a través de líneas de crédito de parte del Banco Nación, otros bancos públicos y el BICE (Banco de Inversión y Comercio Exterior) y serán ofrecidos a tasas subsidiadas (diferentes según el banco). Los créditos serán de hasta $ 20 millones por proyecto. El objetivo es fomentar el desarrollo de redes en sitios no conectados y localidades del interior del país. Al mismo tiempo, se anunció la reducción del mega mayorista de la red de fibra óptica de Arsat, la cual pasó de US$ 14 a US$ 10, lo que equivale a un 28% menos en dólares.

En el caso del despliegue de 4G, hubo un acuerdo con los operadores para llegar a 2.800 localidades y cubrir cerca de 10.000 kilómetros de rutas para 2019. Si bien esto no adelanta demasiado los plazos originales, sí hace que la demora en la entrega de los 700 MHz no sea un argumento para estirar estos plazos. A cambio, se puede compartir infraestructura, a diferencia del pliego original que exigía que cada operador desplegase infraestructura propia. Adicionalmente, el compromiso especifica que sea al menos un operador quien llegue a cada una de estas localidades aún no conectadas y que las restantes lo hagan a través de acuerdos de roaming. De esta forma, se deja atrás la ridícula exigencia del pliego que requería que cada operador llegara con red propia, aún en las localidades de 500 habitantes, un despropósito desde el punto de vista económico.

En definitiva, el gobierno relanzó su Plan de Conectividad con dinero sobre la mesa y un acuerdo negociado con los tres operadores móviles. Necesitado de producir anuncios de alto impacto, el escenario no es el más sencillo, con recesión y devaluación (costos en dólares e ingresos en pesos). Habrá que ver si llega con resultados perceptibles a las elecciones del 2019.

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A pesar del acuerdo alcanzado con el gobierno para adelantar el despliegue de 4G, resultó interesante observar que Telefónica hizo circular su posición en materia regulatoria. La empresa expresó que, más allá de este acuerdo, se mantiene firme en sus reclamos hacia el mismo. Fuentes de la empresa manifestaron que “las últimas decisiones del Gobierno no han propiciado las condiciones necesarias para lograr una competencia genuina en el sector. El hecho de que encontremos acuerdos como industria y en conjunto con el Gobierno, no implica que Telefónica Movistar haya desistido de todos los reclamos que viene realizando ante las autoridades competentes.”

La empresa centra sus críticas a la política del gobierno en relación con el trato recibido por Telecom-Cablevisión. Pero, a diferencia del pasado, deja bien en claro que el blanco de sus críticas es el gobierno por las condiciones de competencia establecidas y no la empresa recientemente fusionada. Como en un partido de fútbol, las críticas son hacia el árbitro y lo que permite y no hacia el accionar del rival que capitaliza la situación.

Por otra parte, las fuentes de Telefónica ya no mencionan organismos internacionales como posibles ámbitos para la resolución de sus diferencias con la política del gobierno sino a la Secretaría de Comercio (que aprobó la fusión) y el Ministerio de Producción (de quién depende la Secretaría). Y afirma que se están preparando para llevar el caso ante la Justicia, a través de la Cámara Federal Civil y Comercial. La batalla continúa, aunque mientras haya que seguir avanzando.

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