Esta semana, nuevamente, T-Mobile y Sprint, los operadores móviles n° 3 y 4 de los EE.UU. respectivamente, anunciaron su fusión. Luego de intentos frustrados en el pasado, el escenario actual aparece distinto y debe ser la razón de este nuevo intento.

A primera vista, pasar de un mercado de 4 a 3 competidores nacionales con red no parece algo positivo. Pero la distancia que hay entre el 1°(Verizon) y 2° (AT&T) y el 3° y 4° es lo suficientemente importante como para presagiar dificultades futuras si se mantiene el status quo. Ambas pretendientes a la fusión no pueden competir con las dos primeras en términos de cobertura. Por lo tanto, su estrategia fue competir en precios, rebajándolos y ofreciendo planes de datos ilimitados. Esto fue efectivo, pero luego Verizon y AT&T los imitaron. En consecuencia, los precios de los servicios móviles bajaron un 13% en 2016.

La baja de precios es positiva para el consumidor, pero terminó desangrando financieramente a los challengers, que en conjunto acumulan una deuda de US$ 60 mil millones. Esto genera dudas respecto de si podrán mantener su agresividad en precios y simultáneamente expandir sus redes. Más aún ante la inminencia de 5G que requerirá de fuertes inversiones en una tecnología que exige una mucho mayor capilaridad de antenas.

Así, la pregunta que deberá responder el regulador que tenga a su cargo la decisión de aprobar o rechazar esta fusión es si es preferible 4 competidores en el negocio móvil con 2 con tendencia a debilitarse o 3 competidores de fortaleza similar. Pero la cosa no es tan simple ni termina acá.

Durante el anuncio de la fusión, los CEO de ambas empresas hicieron hincapié en dos aspectos caros al humor social de los EE.UU. de estos días: ser líderes globales en 5G (un “Make America Great Again” de la tecnología) y generar más empleo en el país.

El factor 5G es central dentro de la estrategia de la fusión. Ambas empresas pueden aportar espectro complementario. T-Mobile tiene mucho en bandas bajas, que tienen la particularidad de asegurar cobertura y penetración en edificios. Sprint, por su parte, acumula en bandas altas, que permiten mayores anchos de banda. Combinando ambos espectros tendrán todas sus ventajas.

Por otra parte, la de 5G no debe ser vista únicamente como una tecnología móvil sino más bien como una plataforma híbrida fijo-móvil. Tiene capacidades similares a las de la fibra óptica en términos de ancho de banda y latencia, aunque, por utilizar frecuencias más altas que la actualmente en uso en la industria, requiere de una gran cantidad de antenas que a su vez demandan una importante capilaridad de redes cableadas para conectarlas. Por lo tanto, la tecnología 5G es también propicia para su uso fijo, inclusive como alternativa a la FTTH, con similares características, pero con menos costos para llegar hasta el domicilio del cliente ya que lo hace en forma inalámbrica. Este costo de ya no última milla sino de últimos metros es lo que experimentó Google cuando pretendió enseñarles a las telcos que podía llevar fibra al hogar a menores costos y terminó replanteando su estrategia porque los mismos eran más altos de los estimados. Tal es así que Google está replanteando la estrategia tecnológica para llegar a hogares a través de tecnologías inalámbricas de corto alcance y gran capacidad.

A esto se suma que durante el anuncio de la fusión se mencionó la intención de distribuir video por sus redes. Algo que no llama la atención luego de la adquisición de Layer3 TV por parte de T-Mobile a principios de este año, presentándolo como un servicio para cualquier tipo de conexión, fija o móvil.

Es quizás por esto que, durante el anuncio de fusión, se mencionó que la pretendida fusionada no participará de un mercado con 3 jugadores (el móvil) sino de uno con 7, 8 o más, en clara referencia que la idea es competir no sólo por los servicios móviles sino también por los fijos. Y esta es quizás la razón por la que prometen crear más empleos siendo que las fusiones generalmente los reducen por un tema de superposición de tareas. Resta ahora saber qué opinará el regulador. Difícil decisión en un mercado tan dinámico.

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Cuando en noviembre del año pasado el gobierno anunció una rebaja en los impuestos internos a los celulares, era previsible que sus precios bajaran. En una comparativa realizada por Carrier y Asociados, los precios de los celulares desde el 3° trimestre de 2017 a hoy descendieron en promedio un 11% en pesos, ajustados por inflación.

Comparar precios de celulares en el tiempo es complejo por diversos motivos. Por un lado, un mismo modelo tiende a bajar de precio durante su ciclo de vida hasta que es reemplazado por una nueva versión. Por el otro, a veces algunos modelos ya no están vigentes, por lo que hay que optar por sus sucesores para que sea un producto equivalente (por ejemplo, tomar el Moto Z y el Moto Z2). Además, está el factor inflación. Para ello, hay que actualizar el valor histórico por el índice correspondiente. Con ésta en alrededor del 25% anual, no considerar la depreciación del peso da resultados distorsionados. Pero no se trata de buscar un número preciso sino de tener un orden de magnitud.

Hechas estas aclaraciones, resulta interesante observar cuáles fueron todos los motivos que influyeron en esta baja. Está el factor de los Impuestos Internos, que para los productos de Tierra del Fuego bajó del 6,55% a 0%, mientras que para los importados lo hizo del 17% al 10%. Pero también hubo otras medidas, como el congelamiento salarial de los empleados de la isla. Se trata de un factor que seguirá incidiendo ya que el acuerdo con los distintos gremios fue el de mantener el congelamiento por 2 años, lo que implica una progresiva rebaja salarial en términos reales. A esto se sumó una reducción de los costos portuarios y de la tasa de verificación de procesos productivos, que fue el aporte del gobierno de la isla. Todos estos elementos forman parte del acuerdo de competitividad entre fabricantes, gremios, gobierno provincial y gobierno nacional. Tampoco hay que descartar el aporte de la reaparición de las licencias automáticas, lo que hizo más fluido el abastecimiento.

Pero también influyen otros factores. Uno muy importante tiene que ver con el crecimiento del canal retail (cadenas de electrodomésticos, supermercados y otros), lo que generó más competencia a nivel minorista, impulsando una reducción de los márgenes. Según el informe “Mercado celular argentino 2018”, el canal retail ya representa el 45% del volumen en unidades, mientras que en el 2014 era sólo el 20%.

Para el canal retail los celulares son interesantes. Se trata de un producto de alto valor que demanda muy poco espacio en términos de metros cuadrados. Basta con considerar que un celular tiene precios similares a los de una TV, aunque en el espacio de una de éstas caben decenas de celulares. Esto se manifiesta en la logística, depósitos y display, sin requerir entrega en la gran mayoría de los casos.

Todo indica que la tendencia a la baja se mantendrá. Por el lado de la competitividad, el congelamiento salarial debería seguir haciendo su aporte a la baja de los costos. También se espera una reducción en los costos de logística con la entrada en vigor de los bitrenes (camiones con dos remolques en vez de uno) pero que necesitan de corredores específicos. Otro factor que sin dudas ayudará a la baja de precios será el crecimiento de la importación, particularmente en el segmento de gama baja, que con el actual esquema fiscal los hace más baratos que si fueran de Tierra del Fuego (no así en gamas medias y altas). Se estima que la importación podrá superar los dos dígitos del mercado total este año (fue del 3% en 2017 cuando durante años fue de menos del 1%). Asimismo, se prevé que la tendencia creciente a la venta de celulares a través del canal retail se mantenga, lo que seguiría poniendo presión sobre los márgenes.

Dicho esto, es evidente que los celulares en Argentina siguen aún con precios más altos que en otros mercados. El gobierno, como en la mayoría de los órdenes, optó por una estrategia gradualista, haciendo equilibrio entre las demandas de los consumidores y los compromisos con Tierra del Fuego y las empresas que allí ensamblan, respetando la ley de Promoción Industrial de la isla, vigente hasta el 2023. Con estas limitaciones, todos los avances que se puedan hacer sobre los costos serán bienvenidos.

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Luego de la presentación del “Proyecto de Ley de Fomento de Despliegue de Infraestructura y Competencia TICs”, AKA Ley Corta [ver “Cortita y al pie”], el mismo llegó a la Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión del Senado, que invitó a representantes de diversas agrupaciones de la industria a expresar sus puntos de vista al respecto.

En líneas generales, tanto CICOMRA (Cámara de Informática y Comunicaciones de la República Argentina) como CABASE (Cámara Argentina de Internet) y CAPPI (Cámara Argentina de Pequeños Proveedores de Internet) se mostraron a favor del proyecto, celebrando la propuesta de compartir infraestructura. Algo que no sorprende ya que esta medida reduce significativamente las inversiones necesarias para desplegar redes.

Por su parte, desde Red Intercable (que agrupa a las PyME cableoperadoras) el mensaje no fue muy claro. Se habló de incentivar la inversión en infraestructura física para acortar la brecha digital, aunque no quedó en claro si la referencia era a la activa, la pasiva o ambas. Por lo pronto, el proyecto en análisis sí incentiva la inversión en ambas, porque facilita el despliegue allí donde existe una infraestructura pasiva y habilita al desarrollo de esta última donde no la hay ya que las empresas disponen de más recursos al no tener que invertirlos en duplicarlas donde ya hay. También cuestionó que los grandes jugadores no inviertan en mercados marginales, lo que sonó contradictorio ya que allí es donde ellos operan. Por lo tanto, si no lo hacen, tampoco les competirán fuertemente. Sin infraestructura sólo podrían ofrecer DTH si se aprueba el proyecto, por lo que, al no ser una oferta convergente, no sería tan atractiva.

En el caso de las cooperativas, representadas por Colsecor, pidieron tiempo para modernizarse antes de la llegada de la competencia plena. Teniendo en cuenta que el decreto 267 (puntapié inicial para la convergencia) ya tiene más de dos años, quizás además de tiempo necesiten dinero para esta modernización. De todos modos, reconocieron que la protección contemplada para localidades de menos de 80 mil habitantes era más generosa que la que habían pedido oportunamente, que era para las de menos de 100 mil habitantes. No hay que descartar que probablemente sea el propio mercado quien les dé tiempo, ya que el grueso de las inversiones iniciales en despliegues de redes por parte de los grandes jugadores comenzará mayormente en los principales centros urbanos, donde hay mayor concentración de demanda. Es más, hasta podrían ser socios de los grandes llegado el momento.

Respecto de la puesta en juego del espectro de Arsat, desde CABASE se mostraron interesados en la posibilidad de utilizarlo para dar sus servicios. Si bien no lo aclararon, la lógica indicaría que el interés está también por el lado de la posibilidad de que ese espectro se asigne regionalmente y no a nivel nacional, ya que ninguno de sus miembros está en condiciones económicas de afrontar un despliegue en todo el país, pero sí en su área de acción o quizás un poco más a través de algún tipo de asociación. Este interés fue ratificado por Iplan en algunas entrevistas concedidas en los últimos días.

También hubo menciones favorables respecto del establecimiento de condiciones para la comercialización de programas y señales audiovisuales, algo que interesa tanto a grandes operadores (entrantes) como a chicos.

En definitiva, y a pesar de ciertos matices lógicos en función de sus perfiles, las distintas agrupaciones de los actores del sector se mostraron favorables al proyecto de ley. Todavía falta, pero este inicio del tratamiento legislativo fue sin dudas positivo para los impulsores del proyecto. Quizás la mayor amenaza venga por parte de quienes quieren que esta ley corta sea una ley larga, que cubra ciertos temas previstos originalmente para la ley de Convergencia prometida y que quedan afuera de ésta. Aquí también el gobierno optó por el gradualismo.

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Sobre el fin de la semana pasada, luego de muchos meses donde se especuló que saldría en forma de DNU, el gobierno presentó en el Senado su “Proyecto de Ley de Fomento de Despliegue de Infraestructura y Competencia TICs” (queda en claro por qué es mucho más simple referirse a ésta como la Ley Corta”. No se trata de la tan anunciada Ley de Convergencia, que vendría a unificar definitivamente la industria de las telecomunicaciones y de los medios electrónicos, sino de un intento de acomodar cosas que fueron desacomodadas tanto por el gobierno anterior como por el actual.

El proyecto tiene 3 grandes ejes: compartición de infraestructura, habilitación de la TV satelital como un servicio TIC (y no como algo “especial” y de tratamiento distinto) y la puesta en juego del espectro asignado oportunamente a Arsat.

El proyecto de ley obliga a los “prestadores de servicios” a la compartición de infraestructura pasiva. Se trata básicamente de la parte de ingeniería civil involucrada en el despliegue de redes, permitiendo el uso de postes, ductos, terrazas, suministro eléctrico, entre otros (*). La idea es reducir notablemente los tiempos y costos del despliegue de red, donde según el gobierno la obra civil representa aproximadamente el 70% del costo y cuya superposición es antieconómica. También se exige compartición de infraestructura a determinados servicios públicos (redes de agua, electricidad, caminos, ferrocarriles), a lo que se suma a la exigencia de que cada nueva obra incluya el tendido de ductos (caños) por donde se pueda pasar fibra óptica.

En este punto puede haber reparos de algunas provincias, que no sólo tienen servicios públicos propios sino también, como en el caso de San Luis y La Pampa, sus propios operadores de fibra óptica y que quizás no sean tan propensos a compartir infraestructura pasiva con el sector privado. Seguramente será uno de los puntos hot cuando la ley sea debatida.

Por supuesto, en ambos casos (privados y servicios públicos) esta cesión no sería a título gratuito y es justamente allí donde podría haber necesidad de intervención del ENACOM en casos en que los involucrados no se pongan de acuerdo. La cosa podría no ser tan automática y fluida, pero es una decisión correcta que dependerá de su implementación (léase, reglamentación). Conviene recordar, no obstante, que en función del art. 3° del decreto 1340/2016, todas las redes nuevas NGN tendrán una protección por 15 años, por lo que no se podrá obligar a su compartición.

En el caso de la TV Satelital (o DTH por Direct To Home), es una medida acertada de dejar de discriminar en función de la tecnología cuando lo importante es difundir el servicio y hacer más competitivo el mercado de la TV paga. La prohibición nace en la ley Argentina Digital (gestión anterior) y fue ratificada por el DNU 267/2015 (actual gestión). Si bien mucho énfasis se hizo en los medios sobre este punto, presentándolo como una concesión a demandas de Claro y Telefónica, conviene aclarar algunos puntos. Por un lado, que esta decisión habilita a todo operador TIC. De este modo, la propia Telecom podría optar por esta tecnología para dar TV allí donde no llega la red de Cablevisión y donde la banda ancha de Arnet no es apta técnicamente para ofrecer servicios de TV. Por otra parte, conviene recordar que Telecom compró un operador de TV satelital en Paraguay y que está en proceso de migrar a sus clientes de TV inalámbrica en Uruguay a tecnología satelital. Así, podría ofrecer TV satelital en todos los países donde tiene operaciones. Adicionalmente, la medida apunta a crear competencia en el segmento satelital específicamente, donde sólo opera DirecTV, ostentando un 28% del mercado total de TV paga (incluyendo al cable)

Como suele ocurrir cuando se debate el tema de la DTH, no faltó la mención a las pequeñas localidades (de menos de 80 mil habitantes) que gozarán de cierta protección, ya que los grandes operadores nacionales no podrán ofrecer inicialmente sus servicios allí, conforme a un cronograma que deberá presentar el Ministerio de Modernización. Es decir que se faculta al Poder Ejecutivo para establecer salvaguardas para localidades de menos de 80.000 habitantes donde el servicio sea operado “exclusivamente” por pymes o cooperativas. Esto significa que, si hubiera un “grande” operando previamente en esa localidad, la competencia será abierta.

En este punto conviene remarcar que tales “protecciones” a operadores PyME y cooperativas son pagadas por sus clientes, que están obligados a acceder a servicios de menor calidad y/o mayor precio. De no ser así, no habría necesidad de blindarlos frente a grandes operadores nacionales. No obstante, según el Ministerio, se trata de un mercado compuesto por 700 operadores entre cooperativas y PyME. Esto exige al gobierno lograr una transición hacia la convergencia total que sea ordenada y gradual.

Para mejorar sus posibilidades ante el ingreso eventual de los grandes operadores, éstos estarán obligados a presentar una oferta mayorista de su servicio de TV paga (algo inexistente hasta el momento), asegurar oferta de interconexión y acceso a su red y de acceso a red para operadores móviles virtuales. En definitiva, pequeños y grandes terminarían asociados de alguna manera (si es que los primeros no son eventualmente comprados).

Siguiendo en el tema contenidos, el proyecto de ley exige a los titulares de los mismos o dueños de derechos de transmisión, la oferta de éstos en condiciones transparentes, equitativas y no discriminatorias (algo que ya habíamos adelantado aquí). Nuevamente, la verdad se verá a la hora de la reglamentación.

Por último, el proyecto aborda el tema del espectro para servicios móviles. Por un lado, propone permitir al Estado disponer de las frecuencias (90 MHz para 2/3 y 4G) actualmente en manos de Arsat pero que, al no contar con infraestructura física, están sin uso (algo así como el perro del hortelano). La intención del gobierno es subastarlas o asignarlas. En este caso los beneficiarios no sólo serían los actuales operadores (Claro, Movistar y Personal) sino que se reflotaría la idea de la operación regional (en vez de nacional), dando lugar a diversos 4° operadores, que podrían ser cableras medianas (caso Telecentro o Supercanal – el cual, dicho sea de paso, estaría en proceso de venta) o asociaciones de cooperativas y/o PyME. El objetivo manifiesto es mejorar el servicio y favorecer la competencia.

En definitiva, este proyecto de ley puede ser visto como un remiendo a los desaguisados anteriores (como prohibición de DTH o asignación del espectro a Arsat) y suma la compartición de infraestructura, que no será sencilla de implementar. Más allá de algunas objeciones posibles, se trata de un avance en la dirección correcta. No obstante, asumiendo su aprobación (con o sin modificaciones sustanciales), la clave, como siempre, estará en las reglamentaciones de los ejes presentados. El diablo está en los detalles.

(*) Definición un poco más abarcativa de infraestructura pasiva: Elementos accesorios que proporcionan soporte a la infraestructura activa (todo lo que esté energizado), tales como bastidores, cableado subterráneo y aéreo, canalizaciones, construcciones, ductos, obras, postes, sistemas de suministro y respaldo de energía eléctrica, sistemas de climatización, sitios, torres y demás aditamentos, incluyendo derechos de vía, que sean necesarios para la instalación y operación de las redes, así como para la prestación de servicios de telecomunicaciones y radiodifusión.

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En materia de convergencia, mucho es lo que se habla de la regulación de la infraestructura: fibra, cable, satélite, compartición, etc. Pero con el ingreso de nuevos proveedores provenientes del mundo de las telecomunicaciones surge también otro tema, el de los contenidos, que tienen también una importancia clave a la hora de expandir la oferta del servicio y fomentar la competencia.

Las telcos están ahora frente a un problema que los pequeños operadores de TV paga ya conocen desde hace rato: la forma en que los dueños de los contenidos los ponen a su disposición. Y no se trata únicamente del fútbol, el contenido estrella, sino también de las señales de redes como Fox, HBO, Turner, AMC o Disney a los que recientemente se sumaron los canales de aire. Como se ve, se trata del grueso de la programación de la TV paga.

El problema con que se encuentra todo aquél que quiere iniciarse en la provisión de servicios de TV son los costos de la programación, que por la forma en que están establecidos generan fuertes distorsiones que hacen que el camino inicial sea empinado. Esto se debe a que los programadores hacen su oferta en base al modelo de mínimos garantizados. Este esquema implica un costo inicial fijo partiendo de una cantidad mínima de suscriptores, independientemente de que el operador los tenga o no. Este mínimo es un porcentaje del mercado (no del total de suscriptores del operador en cuestión) al cual se dirige un operador. Este porcentaje llega, en algunos casos, a alrededor del 20% según la red de señales. Es decir, en ciertos casos el operador debe garantizar el pago por el equivalente al 20% de los abonados del mercado objetivo. De esta forma, quien arranca desde cero, tendrá un costo en contenidos equivalente a un número que le llevará varios meses alcanzar, suponiendo una oferta exitosa. El problema ya fue evidente con los derechos de televisación del fútbol, donde sus propietarios exigieron pisos garantizados que hoy, a 9 meses de su inicio, muchos pequeños operadores en el Interior no alcanzaron. Es que, si bien ya eran operaciones en funcionamiento, el paso del FPT gratuito al pack de fútbol pago fue equivalente a arrancar desde cero.

En momentos en que el gobierno no se cansa de repetir que busca “nivelar la cancha” de cara a la convergencia, este punto que omite no es menor, ya que crea asimetrías entre los operadores establecidos y los entrantes. Los primeros, al tener importantes bases instaladas de clientes ya han superado el umbral del mínimo garantizado, pagan un costo de suscripción proporcional a los ingresos que éstos generan. No obstante, para los segundos, la barrera de entrada en términos de costos es elevada, significando un costo por suscriptor mayor hasta no alcanzar el umbral mencionado. De esta forma, en vez de fomentar la competencia, el mecanismo adoptado por los dueños de los contenidos la limita.

Quizás no podría aspirarse a un modelo netamente por suscripciones, ya que hay costos fijos para los dueños de los contenidos (contratos, entrega, supervisión, etc.). Pero sí podría buscarse que ese mínimo garantizado sea lo suficientemente bajo como para cubrir esos costos, pero no tan alto como para impedir o dificultar el ingreso de nuevos operadores. Se trata de un tema al cual debería prestarle atención el ENACOM, quien anteriormente, en situaciones similares, se ha mostrado propenso a dejar que haya acuerdos entre privados. Sin embargo, como esta decisión afecta a la competencia (al igual que sucede en temas de interconexión), no debería ser un simple plateísta.

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La concentración de la industria en los días que dura el MWC también produjo novedades con relación a Argentina. La presencia de la plana mayor del gobierno en la materia, el Ministro de Modernización, el titular del ENACOM y el Secretario de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, dio lugar a declaraciones. Quizás la más relevante fue la del Ministro, quien prácticamente descartó la utilización del DNU para, entre otras cosas, habilitar a las telcos a dar servicios de TV satelital, inclinándose por la promulgación de una ley “corta” (tal cual la definió).

Esta decisión no llamó mucho la atención si se tiene en cuenta las difíciles negociaciones que el gobierno lleva adelante para lograr la aprobación de otros DNU. En este contexto, agregar uno específicamente para este tema corría el riesgo de quedar en la nada. No obstante, esto no implica que una ley vaya a pasar más fácilmente, ya que los operadores de TV por cable (de todos los tamaños) son muchos y en muchos casos vinculados al poder político (en los niveles provinciales y municipales). La aprobación de una ley de este estilo en el Congreso no será tarea sencilla y, de lograrse, difícilmente sea en lo inmediato. Paradojas de la vida política, el gobierno está tratando de resolver el desaguisado que creó con el DNU 267…

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Es lógico que con el MWC desarrollándose en España (por más que a algunos catalanes de Barcelona esto no les cause mucha gracia), Telefónica tuviera muchas cosas para mostrar.

En el marco de este evento Telefónica anunció el lanzamiento de Aura, que ya está presente y operando en España, Alemania, Reino Unido, Brasil y Chile además de Argentina. En pocas palabras, Aura es una combinación de big data, inteligencia artificial, inteligencia cognitiva y reconocimiento de voz que apunta a simplificar la interacción del cliente con la compañía y sus servicios.

Aura tiene acceso a la red física, los sistemas informáticos y los servicios ofrecidos, pudiendo actuar sobre ellos y modificarlos a voluntad del cliente, quien puede hacerlo a través de interfaces de voz, tanto desde una app del celular como a través de dispositivos de uso específico (al estilo del Amazon Echo). Quien sea cliente de Movistar en Argentina puede usar Aura desde la app Mi Movistar. Actualmente, las funcionalidades son limitadas y varían según los países en función de los servicios disponibles en cada uno de ellos, pero la intención es que con el correr del tiempo todas las funcionalidades de Aura estén disponibles en todos los mercados.  Para una explicación más profunda y sesuda, se recomienda este artículo. Para tener una idea rápida y visual, con usos cotidianos, se sugiere este video que está centrado en servicios que ofrece hoy Movistar en España pero que, con el lanzamiento de su servicio de televisión en Argentina (previsto para después del Mundial de Fútbol), también se replicaría eventualmente  en nuestro país. Localmente, por el momento la interacción con Aura está circunscripta al servicio móvil.

Otro anuncio interesante por parte de Telefónica fue el de su iniciativa “Internet para Todos”. En asociación con Facebook, y como parte de su TIP (Telecom Infra Project), se trata de un proyecto colaborativo para conectar a los no conectados en Latinoamérica, estimados en unos 100 millones de personas viviendo en áreas de difícil despliegue de redes tradicionales. La idea es trabajar sobre modelos de conectividad que permitan un desarrollo de redes más rentable, basadas en tecnologías abiertas y recurriendo inclusive a la utilización de globos y zepelines alimentados a energía solar para llevar conectividad en zonas remotas y con población de menores recursos, compatibles con un ARPU de US$ 6. El modelo incluye además la asociación con pequeños operadores locales bajo el modelo de revenue sharing. En Perú ya han conectado a 20.000 personas con tecnologías no tradicionales.

Un dato que no hay que soslayar es el cambio de actitud de Telefónica hacia los gigantes de Internet como Google y Facebook. Mientras que la anterior gestión los combatía abiertamente (sin éxito, por cierto), la actual ha decidido claramente asociarse con ellos. Así, Telefónica colabora con Facebook en la iniciativa Internet para Todos y usa su Messenger como canal de interacción de Aura en Chile. Adicionalmente, Aura también se basa en la plataforma de reconocimiento de voz de Google Assistant. Como si todo esto fuera poco, se espera que en España comience a ofrecer los contenidos de Netflix a sus clientes de TV. De hecho, en el stand de Telefónica en el MWC se escuchó: “Para ir rápido, ir solo. Para llegar lejos, ir acompañado”. Los tiempos han cambiado…

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La última semana del año resultó muy movida en términos de novedades para la industria.

Con la aprobación de la fusión Telecom-Cablevisión por parte del ENACOM anunciándose el jueves pasado a última hora de la tarde, las horas siguientes permitieron un análisis más pormenorizado al tiempo que fueron publicadas nuevas normas que contemplan este hecho. Una fue la Resolución Sintetizada 5641-E/2017. Por un lado, establece el 1° de enero de 2019 como la fecha donde se autorizará a toda empresa de telecomunicaciones a proveer servicios audiovisuales (TV) en cualquier localidad, tengan más o menos de 80.000 habitantes. De esta forma, no quedarán localidades blindadas contra la competencia a partir de esa fecha. Por otra parte, en todas las localidades (además de AMBA, Córdoba y Rosario) donde esté operando actualmente Cablevisión (no lo dice en estos términos, sino que menciona un operador por vínculo físico o radioeléctrico “que posea a nivel nacional, una cantidad total de abonados o suscriptores SUPERIOR a 700.000”, lo que a los efectos prácticos es lo mismo), los operadores de telecomunicaciones podrán dar servicio de TV a partir del 1° de enero próximo. En otras palabras, la convergencia estará abierta desde el 1° de enero en todas las localidades donde opera Cablevisión, sin importar su cantidad de habitantes.

Otra norma que no puede desvincularse totalmente de la aprobación de la fusión fue el Decreto 1060/2017. El mismo determina que la administración nacional, así como las empresas donde el Estado tenga participación mayoritaria en el capital o en las decisiones societarias (a excepción de Arsat), garantizarán a los operadores de telecomunicaciones el acceso a las infraestructuras pasivas aptas para el despliegue de redes. Una forma de facilitar y acelerar el despliegue de redes y sortear algunas limitaciones regulatorias a nivel local. Por otra parte, elimina de la definición de los SCM (Servicios de Comunicaciones Móviles) a los SRCE (Servicios Radioeléctricos de Concentración de Enlaces) que es el trunking de Nextel. De esta forma, no sólo este tipo de espectro con que cuenta la fusionada no se contabiliza dentro del espectro para SCM (por lo que no se cuenta para el cap) sino que también establece que el ENACOM podrá reatribuir el espectro para SRCE para su uso en SCM. Finalmente, habilita a la provisión del Servicio Básico Telefónico mediante el uso del espectro radioeléctrico atribuido para la prestación de servicios móviles en tecnología 4G. De esta forma, la telefonía fija podrá ser provista por la infraestructura móvil. Se trata del blanqueo de algo que ya viene ocurriendo de hecho en algunas zonas debido a los altos costos de despliegue y mantenimiento de red fija para un servicio en desuso.

Al respecto, sólo queda que se confirme la tan rumoreada habilitación para que las empresas de telecomunicaciones puedan dar servicios de TV satelitales. Sería una forma de acelerar la competencia para no quedar sujetos a los tiempos y recursos necesarios para el despliegue de infraestructuras de fibra óptica. Aunque está claro que el servicio de TV satelital sólo sería una transición hacia formas de consumo audiovisual más interactivas que las que puede ofrecer la tecnología de radiodifusión de la TV satelital.

Siguiendo con la TV, también hubo confusión con respecto del futuro de la TDA. La misma se debió a despidos en las señales estatales de esta plataforma de TV como consecuencia de la “desarticulación” de la unidad CIARA. Sin embargo, esto no implica, como circuló, el desmantelamiento de la TDA que es la infraestructura de televisión digital, la cual seguirá operando con las demás señales. Más allá de que se considere un éxito o fracaso la TDA, la misma es fundamental para la liberación del espectro que hoy utiliza la TV analógica, luego del apagón previsto para 2019.

En la semana que termina también fue noticia la venta de Metrotel a los fondos Riverwood y Blackstone. La misma se realizó a cambio de US$ 190 millones, un precio que sorprendió a varios, considerando que la misma había sido comprada por sus actuales dueños, SCP, por US$ 33 millones apenas 3 años atrás. Se trata de un operador de telecomunicaciones que tiene casi 11 mil clientes corporativos (entre los cuales hay muchos bancos de primera línea) y, tanto o más importante aún, una red de fibra óptica de 3.600 Km en el AMBA (Área Metropolitana de Buenos Aires). Los nuevos dueños apuntan a potenciar el valor de la red poniéndola a disposición no sólo de sus actuales clientes sino también de otros operadores. La movida es una más de las tantas que hoy apuntan a ofrecer infraestructura compartida (de fibra óptica o de torres para celulares) a los operadores existentes. Varias de las últimas inversiones en materia de telecomunicaciones se dirigen a este negocio más que al de ofrecer servicios directamente al cliente final.

El cierre del año trajo buenas noticias para el gobierno, tanto por la recuperación económica a nivel macro como por la consecuencia de algunas de las medidas tomadas, como fue la eliminación del arancel de importación a la informática. Según cifras de IDC publicadas en el diario La Nación, el 2017 termina con un crecimiento interanual del 78% en notebooks, 56% en tablets (Argentina sigue siendo una rareza en este aspecto considerando las tendencias mundiales) y un 4% en PC. La nota también incluía cifras de GFK que mencionan un crecimiento del 15% en televisores. Esto se suman al 16% de crecimiento en ventas de celulares (oficiales). Todo “pum para arriba” y con esperanzas de que el 2018 será aún mejor.

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Finalmente, y tal como se venía especulando en las últimas semanas, este jueves el ENACOM aprobó por unanimidad la operación de fusión entre Cablevisión y Telecom Argentina. Como se descontaba, la misma contiene algunas condiciones.

Como se dijo de entrada, la fusión en sí no era conflictiva, a no ser por dos elementos: el excedente en la acumulación de espectro de ambas compañías (por encima del límite establecido o cap) y la concentración en banda ancha en algunas zonas geográficas del país donde no quedaría competiendo una tercera red alternativa.

En materia de espectro, se optó por la devolución del excedente por encima de los 140 MHz. Este requisito es el mismo que tuvo en su momento Telefónica luego de la fusión de Unifón con Movicom (aunque en aquel entonces, el cap era más bajo). Dentro del cálculo se deja fuera del cap al espectro utilizado por el servicio de trunking de Nextel. O sea que solamente se contabilizará el espectro para servicios celulares. En este aspecto, es lógico esperar que la devolución tenga lugar en un tiempo menor al de aquel caso, ya que mucho de este excedente no está en uso por haber sido recientemente asignado. O sea, no hay mucho refarming que hacer.

Más complejo era el tema de la concentración en banda ancha. Si bien existían alternativas técnicas, eran poco atractivas desde el punto de vista real. La opción de vender una de las redes (que por razones de actualización tecnológica sería la de Telecom) no era atractiva para nadie. Difícilmente hubieran encontrado un comprador. Exigir la desagregación de la red de cable es algo también técnicamente posible, pero de difícil implementación (por las diferencias entre una red de cable y una de telefonía) y administración. Así, se optó por permitir el uso de la infraestructura pasiva de las redes de forma tal de facilitar el despliegue de redes alternativas. Esta condición estaría vigente por 2 años y sería renovable en la medida en que la empresa fusionada tenga una participación de mercado superior al 80%. Adicionalmente, se le exige a la fusionada tener en esas zonas los mismos precios (incluyendo promociones y descuentos) que en el AMBA. De esta forma, se asegura que el servicio cueste lo mismo que en un mercado con competencia.

Más allá de esto, la fusión generaba una incógnita. Ya se había establecido que la convergencia arrancaría el 1° de enero de 2018, pero sólo en los centros urbanos de Buenos Aires, Córdoba y Rosario. En otras palabras, que las telcos podrían dar servicios de TV sólo en estas zonas. Con la fusión, que quedará bajo el paraguas de Telecom, se creaba una zona de conflicto, ya que Cablevisión sí da servicios de TV fuera de estas plazas. Por tal motivo, se decidió que la empresa fusionada no esté habilitada para paquetizar productos (ej.: Vender TV de Cablevisión con celulares de Personal) sino hasta 2019, donde la convergencia llegaría a toda localidad de más de 80 mil habitantes.

Con esta decisión del ENACOM, se cierra la segunda etapa de aprobaciones de la fusión que comenzó con la CNV (Comisión Nacional de Valores). Resta ahora ver qué decide la CNDC (Comisión Nacional de Defensa de la Competencia). Muchos estiman que será sólo un trámite, pero está el antecedente de PRISMA, empresa que es propiedad de Visa y de 14 bancos importantes de Argentina, a quienes se les exigió desinvertir por tener posición dominante. El de hoy fue un paso muy importante, pero todavía queda el último.

Tags: Negocios, Regulación, Telecomunicaciones by Enrique Carrier
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Durante la semana, dentro del marco de la reunión de la OMC, la GSMA estuvo muy activa, participando en el encuentro y organizando un foro para debatir temas que interesan a la industria. La ocasión sirvió también para convocar a diversos actores del sector, donde las conversaciones giraban en relación con una batería de medidas regulatorias anunciadas por las autoridades y también rumoreadas. En base a los antecedentes recientes, se espera comiencen a concretarse para este fin de año.

La GSMA instó a los miembros de la OMC a que implementen medidas adicionales para transformar las normas y regulaciones nacionales y hacerlas más flexibles y “a prueba de futuro”. Más específicamente, abogó por el fomento del despliegue de redes con políticas de desarrollo universal de banda ancha, la maximización del uso del espectro y el favorecimiento de las inversiones. En línea con esto, sugirió que se actualicen los marcos regulatorios para que se alineen con el escenario que surge de un nuevo mundo digital, con un enfoque similar para todo el ecosistema, sin discriminaciones. Asimismo, pidió la promoción de normas armonizadas internacionalmente en relación con la privacidad y protección de datos, así como la facilitación de flujos de datos transfronterizos. En definitiva, la agenda de la industria en sus grandes lineamientos.

Pero en los intervalos, las especulaciones respecto del anunciado paquete de medidas (que podría incluir, pero no limitarse, a un DNU) tenían varias coincidencias y algunas divergencias, además de ciertas confirmaciones por parte del Ministro de Modernización. Este adelantó la aprobación de la fusión Telecom-Cablevisión con la condición (no aclaró si sería la única) de la devolución del espectro excedente, aunque sin quedar en claro cómo sería el mecanismo. Además, agregó que se espera hacer una nueva oferta de espectro durante 2018. Por otra parte, el Ministro también anticipó que habrá novedades en materia de compartición de infraestructura pasiva, aunque quizás no en lo inmediato.

Más allá de los dichos del ministro, también hay consenso entre los diversos actores en que se ampliarán las zonas de convergencia a partir de 2018, llegando hasta localidades de más de 80 mil habitantes. O sea, no se limitará a Buenos Aires, Rosario y Córdoba.

Por supuesto, la posibilidad de que se levante la prohibición de dar servicios de TV satelital por parte de los operadores de telecomunicaciones está en las conversaciones desde hace un tiempo, aunque sin menciones oficiales. Si bien esto los ayudaría a competir en un mercado convergente, las telcos son conscientes de que su aporte será escaso, sólo válido para una transición. Saben que el camino inexorable es hacia la IPTV transmitida por fibra óptica, ya que sería la única forma de contar con un producto competitivo frente a la oferta actual de las cableras.

Se viene un fin de año intenso.

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