La reciente devaluación del peso impacta e impactará sin dudas fuertemente en la economía argentina, para algunos positivamente, para otros negativamente. Entre estos últimos, está el sector tecnológico, tan dependiente del acceso a bienes internacionales con precios en dólares. Con un dólar que arrancó el año a $ 18,76 y que esta semana se movió alrededor de los $ 39, el revalúo de la moneda estadounidense fue del 108%. Una variación muy marcada como para no tener un impacto significativo. Esto permite prever no sólo el obvio encarecimiento de muchos productos sino también una ralentización del ritmo de despliegue de infraestructura.

Para esta última, la devaluación es claramente inoportuna (no porque en algún momento no lo sea), ya que la mayoría de los operadores se encuentran en procesos de inversión para enfrentar un escenario convergente y de competencia que tiende a intensificarse. Esto se traduce en planes de actualización de redes tanto migrando del cobre a la fibra óptica como desplegando la fibra en redes nuevas.

Para entender el impacto de la devaluación, hasta principios de este año el costo de despliegue de redes era de aproximadamente 60% en dólares y 40% en pesos para las fijas y un 80%/20% para las móviles. Ahora en el mix los dólares incidirán aún más. Y como en general estas inversiones se financian ya sea tanto con deuda como con el flujo del negocio (en pesos y para peor en una economía recesiva) el efecto será pesado. Se prevé una menor inversión en dólares y por lo tanto en unidades (km pasados, antenas instaladas, etc.).

Conviene recordar que Telecom planeaba emitir bonos de deuda por US$ 1 mil millones, pero las condiciones de volatilidad del mercado hicieron que lo pospusiera varias veces. Ahora el panorama no es mejor, con lo cual esos bonos probablemente seguirán esperando. No obstante, por ahora se mantiene el plan trienal de inversiones (US$ 5 mil millones), aunque quizás algunas de las previstas para este año se posterguen. En el caso de Telefónica, suele financiarse con el flujo de la operación local, salvo situaciones excepcionales. Pero viendo la situación de la empresa madre y su insatisfacción con el entorno regulatorio local, no parece que estén dispuestos a mandar euros desde España. Por su parte, y al menos por el momento, Claro mantiene sus planes de inversión (en dólares) a través de fondos del exterior, lo que de confirmarse podría darle un plus competitivo en los próximos tiempos.

Para los operadores PyME y cooperativas del Interior, muchos de los cuales están embarcados en despliegues de fibra y sin acceso a financiación del exterior, el panorama no es menos complejo. A esto se suma que los aportes del Fondo del Servicio Universal son en pesos, por lo que tienen ahora menos capacidad de compra de tecnología en dólares.

Con este panorama, es de esperar una ralentización en los despliegues. Aunque también sea quizás un incentivo para avanzar con más decisión en planes de compartición de infraestructura, concepto que pasa ahora a tener otro valor. Habrá que ser creativos mientras se moderan las ambiciones.

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Con el anuncio esta semana de que los clientes de Personal (con abono fijo y factura) que también lo sean de Cablevisión podrán ver desde la app de Flow en el celular los partidos del Mundial sin el costo del tráfico de datos que se genere, se reavivó en ciertos ámbitos la discusión de qué es la neutralidad de la red, hasta dónde llega y cómo será el panorama que viene de la mano de la convergencia.

Existen diversos modelos de pago revertido, o donde no es el usuario quien paga por los datos que consume.

• Zero-rating: El usuario accede gratuitamente a un servicio específico siendo el gasto de conexión absorbido por el operador móvil.
• Datos sponsoreados: El usuario accede gratuitamente a un servicio específico, pero el sponsor no es el operador sino un tercero, una empresa o gobierno.
• Internet sponsoreada: El usuario accede gratuitamente no ya a un servicio específico sino a Internet en general, siendo el sponsor una empresa o gobierno.

En el caso de Flow-Personal, se trataría en principio de un caso de zero-rating. Sin embargo, no es el primero que se da en el país. Lo mismo ya sucede con Whatsapp, algunos de cuyos consumos de datos son hoy gratuitos para diversos clientes de los 3 operadores móviles. Y también podría suceder con Movistar, que acaba de anunciar un acuerdo para ofrecer Netflix, que contempla que en diversos países no cobraría a sus usuarios por el tráfico que esta app generará en sus redes. Se trata de una tendencia que no sólo se da en Argentina. De hecho, en Latinoamérica un 90% de los operadores móviles ofrecen servicios zero-rating.

Cuando se habla de neutralidad de la red, muchos piensan en cuando el no respeto de ésta perjudica al usuario. Por ejemplo, que un ISP que también ofrezca servicios de video aplique un freno o degrade la calidad del servicio de un tercero. Algo que le criticaban a Comcast en EE.UU. cuando decían que degradaba intencionalmente la calidad de Netflix.

Pero los modelos de pago revertido no perjudican al usuario, sino que favorecen a algunos (en este caso, los clientes). Una situación que no es comparable a que un dueño de red ralentice a determinados contenidos. No es un tema de calidad de servicio, sino de costo que no sube, sino que baja para ciertos usuarios, beneficiando a sus clientes sin perjudicar a quienes no lo son.

Este tipo de situaciones plantean una discusión interesante: ¿Puede el dueño de una red favorecer a sus clientes? ¿Puede quien ofrece servicios, pero no invierte en red, reclamar los mismos beneficios? Seguramente habrá diversas opiniones al respecto.

En momentos en que las redes apuntan, por su evolución tecnológica, a permitir la existencia de diversas redes virtuales, con distintas características para distintos servicios, el concepto de neutralidad merece una revisión. Y si bien en Argentina la neutralidad de la red fue consagrada en la ley Argentina Digital, no se le destinó más que un par de artículos. Quizás sería conveniente un reglamento específico para que no haya zonas grises ni discusiones estériles.

De todos modos, y para cerrar, el tráfico de datos gratuito para servicios de video es un juego peligroso para los operadores. Sus redes deben tener capacidad suficiente para poder aguantar un tráfico muy superior al habitual y así no perjudicar a sus clientes. No sea cosa que el beneficio se convierta en un boomerang.

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Luego de un 2016 para el olvido, donde el mercado oficial de equipos celulares en Argentina cayó un 24,6% en unidades, el 2017 mostró una importante recuperación, creciendo un 21,3%. Así el mercado oficial (compuesto por la producción proveniente de Tierra del Fuego y la importación declarada) alcanzó los 10,8 millones de unidades. Esto surge del informe “Mercado celular argentino 2018”, realizado por Carrier y Asociados.

Estas cifras no contemplan el mercado informal. Es que si bien en 2016 fue estimado en 2,5 M de unidades, para el 2017 no hay consenso, con estimaciones que varían entre 2,5 y 2,9 M de unidades dependiendo de la fuente. Conservadoramente, si se optara por el número más bajo, el mercado total (formal e informal) de celulares en el 2017 alcanza los 13,3 M. Una cifra que está en línea con los valores de los últimos 6 años, a excepción del 2016.

Siendo que se trata de un servicio de altísima penetración, la telefonía móvil registra un crecimiento vegetativo en líneas dedicadas a teléfonos. Por lo tanto, estos 13 M de unidades anuales se mantendrán en adelante, con una leve tendencia al crecimiento.

Siguiendo la evolución histórica de las ventas de celulares, se puede observar cómo determinadas innovaciones impulsaron la demanda en su momento por encima de la renovación natural (las últimas fueron la adopción de smartphones primero y de 4G más tarde). Pero nada hace prever en lo inmediato que haya un motivo para empujar las ventas más allá de la renovación natural. De hecho, en los últimos anuncios de los equipos emblemáticos (o flagships) de las principales marcas, las mayores diferencias pasaron por una mejor calidad de las cámaras. De este modo, se entiende por qué para la industria local de los terminales (y también para el Estado como recaudador) el contrabando es un tema clave, ya que de no existir implicaría poder crecer aproximadamente un 25%. Una porción de la torta muy interesante.

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Luego de la presentación del “Proyecto de Ley de Fomento de Despliegue de Infraestructura y Competencia TICs”, AKA Ley Corta [ver “Cortita y al pie”], el mismo llegó a la Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión del Senado, que invitó a representantes de diversas agrupaciones de la industria a expresar sus puntos de vista al respecto.

En líneas generales, tanto CICOMRA (Cámara de Informática y Comunicaciones de la República Argentina) como CABASE (Cámara Argentina de Internet) y CAPPI (Cámara Argentina de Pequeños Proveedores de Internet) se mostraron a favor del proyecto, celebrando la propuesta de compartir infraestructura. Algo que no sorprende ya que esta medida reduce significativamente las inversiones necesarias para desplegar redes.

Por su parte, desde Red Intercable (que agrupa a las PyME cableoperadoras) el mensaje no fue muy claro. Se habló de incentivar la inversión en infraestructura física para acortar la brecha digital, aunque no quedó en claro si la referencia era a la activa, la pasiva o ambas. Por lo pronto, el proyecto en análisis sí incentiva la inversión en ambas, porque facilita el despliegue allí donde existe una infraestructura pasiva y habilita al desarrollo de esta última donde no la hay ya que las empresas disponen de más recursos al no tener que invertirlos en duplicarlas donde ya hay. También cuestionó que los grandes jugadores no inviertan en mercados marginales, lo que sonó contradictorio ya que allí es donde ellos operan. Por lo tanto, si no lo hacen, tampoco les competirán fuertemente. Sin infraestructura sólo podrían ofrecer DTH si se aprueba el proyecto, por lo que, al no ser una oferta convergente, no sería tan atractiva.

En el caso de las cooperativas, representadas por Colsecor, pidieron tiempo para modernizarse antes de la llegada de la competencia plena. Teniendo en cuenta que el decreto 267 (puntapié inicial para la convergencia) ya tiene más de dos años, quizás además de tiempo necesiten dinero para esta modernización. De todos modos, reconocieron que la protección contemplada para localidades de menos de 80 mil habitantes era más generosa que la que habían pedido oportunamente, que era para las de menos de 100 mil habitantes. No hay que descartar que probablemente sea el propio mercado quien les dé tiempo, ya que el grueso de las inversiones iniciales en despliegues de redes por parte de los grandes jugadores comenzará mayormente en los principales centros urbanos, donde hay mayor concentración de demanda. Es más, hasta podrían ser socios de los grandes llegado el momento.

Respecto de la puesta en juego del espectro de Arsat, desde CABASE se mostraron interesados en la posibilidad de utilizarlo para dar sus servicios. Si bien no lo aclararon, la lógica indicaría que el interés está también por el lado de la posibilidad de que ese espectro se asigne regionalmente y no a nivel nacional, ya que ninguno de sus miembros está en condiciones económicas de afrontar un despliegue en todo el país, pero sí en su área de acción o quizás un poco más a través de algún tipo de asociación. Este interés fue ratificado por Iplan en algunas entrevistas concedidas en los últimos días.

También hubo menciones favorables respecto del establecimiento de condiciones para la comercialización de programas y señales audiovisuales, algo que interesa tanto a grandes operadores (entrantes) como a chicos.

En definitiva, y a pesar de ciertos matices lógicos en función de sus perfiles, las distintas agrupaciones de los actores del sector se mostraron favorables al proyecto de ley. Todavía falta, pero este inicio del tratamiento legislativo fue sin dudas positivo para los impulsores del proyecto. Quizás la mayor amenaza venga por parte de quienes quieren que esta ley corta sea una ley larga, que cubra ciertos temas previstos originalmente para la ley de Convergencia prometida y que quedan afuera de ésta. Aquí también el gobierno optó por el gradualismo.

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Hace rato que se sabe que Facebook (como tantas otras aplicaciones y plataformas) captura toneladas de información que generan sus usuarios (identidad, número de celular, amigos, likes, ubicación, etc.), por más que son muchos los que recién ahora se están desayunando con esta situación. Sin embargo, la cosa se puso fea para la red social cuando, a fines de la semana pasada, una investigación conjunta de los diarios The New York Times (de EE.UU.) y The Observer (del Reino Unido) les permitió afirmar que la consultora en materia política Cambridge Analytica hizo un uso inapropiado de datos de Facebook a los cuales tuvo acceso en 2014. Agravado con el hecho de que esos datos habrían sido utilizados durante la campaña del actual presidente de los EE.UU. para inclinar voluntades a la hora de votar.

Para entender el porqué del uso de la palabra “inapropiados” hay que repasar brevemente el manejo de los datos de sus usuarios hecho por Facebook a lo largo de los últimos años. Durante varios años, la empresa, ávida de lograr una exitosa salida a bolsa en 2012, hizo de todo para rentabilizar los datos que obtenía del uso de la red que hacían sus usuarios. Entre estas “libertades”, estaba la posibilidad de acceder no sólo a los datos de aquellos usuarios que expresamente asentían ofrecerlos, sino también a los de sus contactos (o amigos en términos facebookeros), aun cuando estos últimos no eran conscientes de esta situación. Esta posibilidad dejó de existir en 2014, cuando la empresa modificó sus políticas de privacidad. Sin embargo, el daño ya estaba hecho.

A través de una aplicación conectada a Facebook, indirectamente Cambridge Analytica obtuvo no sólo la información de 270 mil personas que había aceptado voluntariamente cederla, sino que, al mismo tiempo, permitieron el acceso a datos de unos 50 millones de usuarios más. Si bien en el momento esto era técnicamente legal (estaba crípticamente explicitado en los términos y condiciones), es claro que Facebook proporcionó información de usuarios que no habían autorizado a la aplicación en cuestión, defraudando la confianza que éstos habían depositado en la red social.

La cosa empeoró porque, aún luego de los cambios de las políticas de privacidad en 2014, Cambridge Analytica mantuvo esta base de datos y la utilizó posteriormente, presumiblemente para la campaña electoral que llevó a Trump a la presidencia. Es conveniente recordar que 50 M de personas, todos estadounidenses, equivalen aproximadamente al 21% de aquellos en condiciones de votar.

Si bien Facebook eliminó esta “funcionalidad” en 2014, la empresa no aplicó auditorías a desarrolladores externos para garantizar el buen uso de los datos accedidos (esto según declaró el ex jefe de operaciones de la red social) así como tampoco su eliminación luego del cambio de sus políticas. O sea que estas últimas se sustentaron en la buena fe y no en medidas técnicas concretas, lo que da lugar a un sistema a todas luces vulnerable.

Hasta aquí los hechos resumidos, tal cual fueron presentados en las investigaciones. Lo interesante ahora son las implicancias que este escándalo, por lejos el mayor en la historia de Facebook, pueda tener. Por un lado, están los efectos inmediatos. La caída de la acción en la bolsa, un tema no menor ya que fue del 9%, borrando casi US$ 50 mil millones (lo que equivale a casi el total de las reservas de divisas argentinas). Más grave aún es el fuerte daño que le hace a su imagen y a la confianza que sus usuarios tienen ahora en la red social (lo cual ha valido que se inicie una campaña para borrarse de Facebook, bajo el hashtag #deletefacebook). Conviene remarcar que apenas un 3% de la valuación de Facebook corresponde a activos físicos. O sea que su valor es básicamente intangible, y aquí es donde mayormente impacta este escándalo.

Pero también está la reacción de los gobiernos. Por un lado, el Parlamento británico convocó al CEO de Facebook, Mark Zuckerberg, a que comparezca antes sus miembros para dar explicaciones. En EE.UU. la cosa se puede poner peor. Desde el Congreso han pedido no sólo que Zuckerberg testifique sino también tienen intenciones de convocar a Google y a Twitter para que expliquen el manejo que hacen de los datos de sus usuarios. Esto no sólo podría acarrear fuertes multas si se comprueban violaciones a los términos que rigen las relaciones entre estas empresas y sus usuarios, sino que es previsible que se produzca un endurecimiento de las regulaciones que los afecten. Algo que los europeos han comenzado a hacer (y que probablemente profundicen), pero que para los estadounidenses podría marcar el principio del fin de una suerte de laissez faire que los caracterizó en esta materia.

Es un hecho que los gigantes de Internet, así como los operadores de telecomunicaciones, colectan inmensas cantidades de información sobre cada uno de nosotros. Negar esto es ingenuo. No obstante, este escándalo pone en evidencia la ligereza con que algunos manejan uno de los principales activos del siglo XXI, los datos. Es de esperar que este escándalo sea el comienzo de una mayor concientización sobre los riesgos de un mal manejo de los datos en la sociedad digital, a partir de un caso que permitió comprobar aquello de que cuando un producto es gratis, el usuario es el producto.

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Mucha gente se entusiasmó esta semana al conocerse la noticia que, durante la reunión de la CITEL (Comisión Interamericana de Telecomunicaciones), dependiente de la OEA (Organización de Estados Americanos), la mayoría de los Estados miembros se comprometió a “impulsar medidas que permitan una mayor transparencia, asequibilidad y eliminación de los cargos adicionales al usuario final de los servicios de itinerancia móvil internacional (roaming), dando particular atención a las realidades y necesidades en las zonas de frontera”, según el documento aprobado en Buenos Aires durante la Séptima Reunión Ordinaria de la Asamblea que tuvo lugar entre el 13-15 marzo últimos.

Sin ánimo de ser aguafiestas, conviene destacar que esta no es una decisión tomada sino una recomendación a los reguladores, quienes deberán ahora consensuar con los operadores móviles de cada país cómo llevar adelante esta iniciativa.

Existe el antecedente reciente de la eliminación, el año pasado, del roaming en Europa, el cual no es total sino sólo para líneas con abono. En el caso de las prepagas, esto queda a criterio de cada operador. Pero aún en este caso, pasaron varios años desde que se comenzó a analizar la medida hasta que finalmente fue una realidad. Esto se debe a que en el proceso de roaming intervienen tres actores: el operador de origen del usuario itinerante, el operador del país de destino que cursa las comunicaciones y el operador de larga distancia que conecta a ambos. No obstante, por la configuración del mercado americano, el proceso podría ser más simple en varios casos. Esto se debe a que existen dos gigantes regionales: América Móvil (Claro) y Telefónica (Movistar), quienes operan en la mayoría de los países y que son además operadores de larga distancia. No obstante, la situación no sería tan sencilla para otros operadores, como es el caso de Telecom (Personal), que sólo tiene participación en Argentina y Paraguay, con lo cual tiene más negociaciones por delante. No obstante, también queda un factor importante a resolver: el tratamiento fiscal para evitar doble imposición (en el país de origen de la línea y el país donde se realizan las comunicaciones).

Hasta el momento, el roaming es un servicio utilizado mayormente por los clientes de empresas, quienes pueden justificar más fácilmente los altos costos del servicio en comparación con sus costos locales. Pero con el creciente uso de los datos desde el celular, los viajeros particulares se acostumbraron a usar sus equipos en el exterior, conectándose vía WiFi desde hoteles, aeropuertos, bares y otros lugares públicos que ofrecen esta conectividad. Desde allí utilizan aplicaciones como Whatsapp, Skype, Facebook y otras, a las que más recientemente se le agregó la funcionalidad de VoWiFi (Voice over WiFi) que permite también hacer y recibir llamadas como si se estuviera en la red móvil del país de origen.

Hay quienes creen que, considerando los tiempos que demandarían la implementación de esta medida, la cosa podría estar resuelta con anticipación directamente por parte de los operadores. En Argentina, los operadores ofrecen ya planes que incluyen alguna forma de roaming en América. Claro es el más agresivo en este aspecto, con planes que agregan esta capacidad en todos sus abonos que cuentan con al menos 4GB por mes, arrancando en $ 530 mensuales (unos US$ 26). Personal tiene 10GB incluidos en países limítrofes y los EE.UU. pero únicamente en su plan de 10GB locales de $ 990 de costo (casi US$ 50). Movistar sólo ofrece paquetes de roaming adicionales, no incluyéndolos en ninguno de sus abonos.

Lo cierto es que la eliminación del roaming dispara su uso. En Europa, en menos de un año de vigencia, la cantidad de usuarios se duplicó. En el caso de Argentina, desde Claro informaron que este último verano fueron 600.000 clientes quienes hicieron uso de esta funcionalidad, mayormente en países limítrofes y en los EE.UU.

En definitiva, la medida es sin dudas bienvenida, pero al ritmo en que van las cosas y esperando una competencia más feroz en la medida en que avance la convergencia, es probable que para cuando se oficialice en todo el continente, los operadores privados se hayan adelantado. Ojalá así sea.

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Esta semana, en el marco de la Asamblea de la CITEL, el Ministro de Modernización volvió a explicitar los objetivos del gobierno para el 2020 en materia de acceso a Internet en Argentina. Uno es el agregado de 2 millones de accesos. El otro, llevar la velocidad promedio a 20 Mbps. Se trata de objetivos que pueden sonar muy ambiciosos pero que son cumplibles.

Actualmente, el total de accesos a Internet es de casi 8 millones (incluyendo hogares y organizaciones), por lo que un crecimiento en 2 millones de aquí al 2020 equivale a un 25%, o una media de 5,7% anual. Si se observa el crecimiento de los últimos años (ver gráfico), salvo en el 2015, siempre estuvo en ese valor o superiores, habiendo sido del 10% en 2016 y 9% en 2017. Si bien es cierto que en tanto crece la penetración se hace más difícil mantener la tasa de crecimiento, con las medidas adecuadas un 5,7% anual no es descabellado.

De estos 2 millones de nuevos accesos, el ministro sostuvo que 500.000 accesos serán provistos por el Estado, vía Servicio Universal. Por lo tanto, el 1,5 millón restante que surgirá de los prestadores privados equivale a un crecimiento del 18,75% o un 4,4% anual. No debería ser un desafío.

Donde las metas pueden ser a priori más ambiciosas es en llevar la velocidad promedio a 20 Mbps. Según las cifras oficiales publicadas por el ENACOM, un 92% de los accesos actuales se encuentran por debajo de esta marca. A su favor se puede argumentar que actualmente y en los próximos años habrá un importante crecimiento de los accesos de fibra óptica. Los mismos hoy se acercan a los 400.000 accesos, habiendo crecido un 164% en el 2017. Y teniendo en cuenta el ritmo de despliegue no sólo de Telefónica y Claro sino también en el interior de la mano de PyME y cooperativas, (a los que previsiblemente se sume también Telecom, especialmente en las zonas no cubiertas por la red de Fibertel) en 4 años deberían representar varios millones. El crecimiento de la fibra combinado con los aumentos de velocidad de las redes de cable (HFC) serán claves para alcanzar la meta propuesta.

Por supuesto, también otros factores colaborarán para que las metas propuestas puedan alcanzarse. Los mayores tendidos de fibra, no ya al hogar, pero como backbone, sin dudas ayudarán, llevando o mejorando el acceso en localidades poco pobladas del interior del país. Asimismo, el crecimiento de las propuestas convergentes (basadas en redes fijas de alta capacidad) colaborarán, bajando los precios allí donde haya competencia y mejorando la calidad de la conectividad (una red poco capaz no podrá transportar señales de TV).

Pero además de esto, será importante el aporte de tecnologías inalámbricas para llevar conectividad a zonas de poca densidad poblacional y/o alejadas de los grandes tendidos. Por un lado, las tecnologías satelitales, especialmente (aunque no excluyentemente) aquellas basadas en la banda Ka y tecnología HTS (High Throughput Satellite) que puede ofrecer anchos de banda más acordes a la media buscada. Aquí el problema es que, con un mercado que estuvo bastante cerrado durante años, no hay en la actualidad muchos satélites con esta tecnología apuntando sus haces al territorio argentino. No obstante, ya hay proyectos de conectividad con los satélites tradicionales, cuyo precio está bajando. Por otra parte, también las redes 4G pueden jugar un rol importante (más allá de ofrecer conectividad móvil). Esto se debe a que las mismas deberán llegar a localidades de baja densidad población, lo que dejará capacidad disponible para accesos no ya móviles sino también fijos, pero con velocidades similares a los cableados.

En definitiva, las metas son cumplibles. Sólo será cuestión de ayudar con las políticas correctas.

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Por lo que puede observarse de los últimos movimientos en el mercado, Argentina podría estar en los albores de una auténtica explosión de la fibra óptica que tanta falta le hace.

Algunos números: Si bien las cifras que publica el ENACOM al tercer trimestre de 2017 indican que había 193 mil accesos de fibra óptica en todo el país, sólo en el balance de Telefónica se declara la misma cantidad a esa fecha, dejando de lado entonces los accesos de Claro (en el Gran Buenos Aires, Mendoza y Salta), Iplan (con una agresiva oferta en CABA), DirecTV (en el Gran Buenos Aires, Córdoba y Godoy Cruz), Telecom (en área no especificada) y otros proveedores en distintos puntos del país. Evidentemente, las cifras oficiales están “desinfladas”.

Actualmente, los accesos de fibra óptica orillan los 400 mil abonados, registrando un importante avance en cobertura (hogares pasados) y adopción (abonados). Y más allá del crecimiento natural, el mismo se verá potenciado por una serie de medidas vinculadas a la compartición de infraestructura que no sólo abaratarán su despliegue sino también lo acelerarán.

Una es el decreto 1060/2017 de la Secretaría de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (SeTIC) que crea la figura de Operador Independiente de Infraestructura Pasiva. El mismo instruye a los distintos ministerios a que toda obra de infraestructura incluya el despliegue de ductos por los cuales se podrán pasar (o “soplar” en la jerga) cables de fibra óptica. Esto alcanza a las obras viales, tendidos eléctricos, de gas, etc. Asimismo, actualmente se está elaborando un pliego de licitación por parte de Ferrocarriles Argentinos para hacer tendidos de fibra óptica en sus trazas, tanto urbanas como de larga distancia. Otro caso es el de la Ciudad de Buenos Aires, la cual desde hace unos años viene desplegando ductos soterrados para luego alquilarlos a operadores que “soplen” fibra a través de éstos (si bien todavía no se han destacado en su comercialización).

Todas estas medidas de compartición de infraestructura reducen sensiblemente los costos de despliegue (se estima que la obra civil representa alrededor del 90% del costo del despliegue de fibra). De esta forma, se hace mucho más eficiente desde el punto de vista económico, al tiempo que se reducen los tiempos de puesta en marcha.

Combinando las necesidades de actualización de las redes fruto de la convergencia (especialmente los pares de cobre hoy utilizados para accesos ADSL) con las facilidades que se están poniendo a disposición para hacerlo, se está creando un escenario que debería potenciar notablemente la velocidad de crecimiento de los accesos de fibra. Se va a poner interesante.

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